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Revista de Información para la Dirección en Salud (INFODIR). 2019;30(mayo-agosto)

Artículo de revisión

Componentes económicos del contexto costarricense que se relacionan con la Salud Universal

Components of the Costa Rican context that are related to Universal Health

Luis Guillermo Jiménez Herrera^1*
Ana María Gálvez González²

¹ Universidad de Costa Rica. Costa Rica. Facultad de Farmacia-Instituto de Investigaciones Farmacéuticas (INIFAR).
² Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP). La Habana, Cuba.

*Autor para correspondencia: luis.jimenezherrera@ucr.ac.cr

RESUMEN

Introducción: El acceso y la cobertura a servicios de salud constituyen la Salud Universal, esto requiere de un financiamiento eficiente y equitativo que depende de diversos aspectos económicos.
Objetivo: Describir el comportamiento de componentes económicos del contexto costarricense que se relacionan con la Salud Universal.
Métodos: Se realizó la lectura crítica de documentos de diversos entes y artículos científicos seleccionados por conveniencia, esto se complementó con la consulta a expertos.
Resultados: El crecimiento económico permitió el desarrollo social, a partir del aporte que el sector Salud recibió en un porcentaje del producto interno bruto mayor al 6 %. Se ofrece cobertura universal, aunque el 5 % de la población no logra acceso a los servicios de salud y la percepción de la calidad de los servicios disminuyó. Más de un 20 % de los gastos correspondió a la contribución de bolsillo, el gasto público aumentó y se evidenció debilidades en la gestión de los recursos que ralentizan la economía. El sector público, tiene una composición compleja y fragmentada que genera dificultad en el control de los gastos, hay falta de coordinación inter sectorial y del aseguramiento de los aportes financieros para la sostenibilidad del sistema de salud.
Conclusiones: La inversión social encausa la salud universal en respuesta a los aportes que recibe, el gasto en el sector público aumenta sin resultados con calidad, el gasto de bolsillo es catastrófico y se podría limitar el acceso a los medicamentos en el futuro. La incapacidad estatal en mejorar las finanzas públicas, evidencia la falta de eficiencia en el manejo de los recursos públicos que impone retos a corto plazo.

Palabras clave: salud; economía; acceso; cobertura; universal; Costa Rica.

ABSTRACT

Recibido: 06/01/2019
Aprobado: 12/02/2019

INTRODUCCIÓN

En 2014, la Organización Mundial de la Salud (OMS) invitó a sus Estados miembros a establecer políticas públicas que favorezcan la Salud Universal (SU) y que las personas logren acceso a los servicios de salud sin discriminación y sin dificultades financieras. Esto requiere de cobertura universal acorde con las condiciones de cada contexto a través de servicios de calidad, integrales, adecuados y oportunos; así como disponer de medicamentos de calidad, asequibles, seguros y eficaces.^(1,2)

La SU, se convierte en un pilar fundamental de un sistema sanitario que aspira a la eficiencia social con equidad y se basa en cuatro líneas estratégicas simultáneas e interdependientes: Acceso equitativo a servicios de salud, fortalecimiento de la rectoría y gobernanza, fortalecimiento de la coordinación intersectorial para abordar los determinantes sociales de la salud y el incremento del financiamiento con equidad y eficiencia.^(1,2) La OMS estima que, entre 20-40 % del gasto sanitario, se desaprovecha por ineficiencia por una gama de diversas causas.^(1,3-5)

Costa Rica (CR), un país de Centroamérica (CA) con una democracia consolidada en Latinoamérica (LA) y miembro de la OMS, se sumó con interés a esta estrategia. Se caracteriza por disponer de políticas sociales, ambientales y de derechos humanos, con una economía abierta y moderna. Reporta buenos indicadores en salud, la esperanza de vida promedio de 80 años, un índice de desarrollo humano de 0,776 y una tasa de mortalidad infantil de 7,9 por cada 1000 niños nacidos vivos; derivado en parte de una importante inversión social en educación, pensiones y salud.^(6-12)

Desde 1983, el sector salud del área social costarricense, se compone de un conjunto de instituciones donde se trabaja por el bienestar poblacional. En 1989, se conformó el Sistema Nacional de Salud (SNS) que agrupa instituciones públicas, privadas y diversos grupos comunales. La Seguridad Social, forma parte del SNS y tiene tres componentes: 1. Prestaciones en salud a través de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto de Seguros (INS), 2. Prestaciones económicas que cubren pensiones y subsidios, y 3. Prestaciones sociales mediante una red muy amplia de organizaciones gubernamentales.^{(7,9,11,13,14)}

La CCSS, se constituye la principal prestadora de servicios públicos y cuenta con una red de hospitales, clínicas y centros de atención. Existen servicios en el sector privado con fines de lucro (hospitales, clínicas y otros centros), instituciones sin fines de lucro como la Cruz Roja Costarricense y un sistema mixto compuesto por el Sistema Médico de Empresa, Medicina Mixta y Sistema de Cooperativas.^(7,9,13,14)

El país, creció económicamente, al minimizar una actividad con base en la agricultura y pasar a la diversificación con apertura comercial e inversión extranjera directa e industrias de alto valor. Pero, con deficiencias en aspectos educativos y de salud, especialmente, en el sector público.^{(12,15,16,17)}

En CR, se trabaja en los cuatro pilares que fundamentan la SU y el aspecto financiero toma relevancia en la medida en que se busca garantizar la sostenibilidad y eficiencia del SNS.⁽²⁾

El objetivo de este trabajo es describir el comportamiento de componentes económicos del contexto costarricense que se relacionan con la SU.

MÉTODOS

Se realizó una lectura crítica de documentos que se seleccionaron por conveniencia de las siguientes fuentes:

• Asamblea Legislativa de Costa Rica.
  Banco Mundial (BM).
• Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
• Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (GLACSO).
• Contraloría General de la República de Costa Rica (CGRCR).
• Instituto Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.
• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Costa Rica (INEC).
• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
• Ministerio de Salud de Costa Rica (MINSA).
• Organización Internacional del Trabajo (OIT).
• Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
• Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la salud (OPS/OMS).
• Artículos científicos disponibles en Scielo, Redalyc, Dialnet, Sciencedirect.

Los indicadores principales de interés fueron:

Se realizó una combinación de análisis en el tiempo y de comparaciones porcentuales. Las cifras, se expresaron en dólares internacionales del año 2017.

Se complementó con una entrevista no estructurada a informantes clave (n= 4) de profesiones economistas y médicos especialistas en organización y administración de salud, con experiencia en el trabajo de SU y economía.

Se mantienen los principios éticos de investigación, la confidencialidad de los informantes clave y el rigor en el uso de la información.

RESULTADOS

Se reconoció que la cobertura y el acceso a los servicios de salud fueron la base de la SU; no obstante, existieron personas sin acceso a los servicios de salud por carencia de recursos o de trabajo estable o a que los servicios no corresponden con el contexto poblacional o a que se suscitan restricciones funcionales.⁽⁵⁾

Aunque, con el crecimiento económico, se logra inversión en salud, en algunos países se mostró que ha ocurrido una mayor eficiencia. Se estimó la eficiencia del gasto sanitario en LA por consideración del gasto total per cápita en salud (dólares internacionales), esta como la variable independiente y de las variables dependientes que fueron la esperanza de vida y la mortalidad infantil; Costa Rica y Cuba fueron los países más eficientes según la esperanza de vida y por mortalidad infantil, Cuba obtuvo el primer lugar y Costa Rica el sexto.^(3,18)

Así también, en CA en 2007, el gasto total promedio en salud fue de un 7,1 % del PIB, aunque en algunos países se destina menos recursos al gasto público social per cápita, en comparación con otros países de LA y el Caribe.⁽¹⁹⁾

En igual grado, entre el 2007 y 2014, el gasto social total como porcentaje del PIB y como porcentaje del gasto público; aumentó en CR, Guatemala y Nicaragua; pero el gasto en salud como parte del gasto público, disminuyó en el resto de los países.⁽²⁰⁾

En CA, el acceso a los servicios de salud mejoró en general; no obstante, en Guatemala 40 % de la población tiene falta de acceso a los servicios de atención primaria y en Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá, el acceso a los servicios en las áreas rurales requiere mejoras; mientras, en Honduras y Guatemala, falta acceso a los medicamentos.^(17,25)

CR y otros países de LA, cuentan con listas de medicamentos esenciales; pero en el 60 % de ellos, hubo un acceso a medicamentos menor al 80 % y un gasto per cápita de medicamentos de USD 40 mediante la financiación por el gasto de bolsillo, seguro público, mutual y sector privado. Algunos países son productores de medicamentos a gran escala (México, Brasil y Argentina); no obstante, otros (Ecuador) dependen más de las exportaciones y CR combina ambas modalidades.^(11,17,26)

En CR, se tienden a gastar más en curación a nivel hospitalario que en prevención de la enfermedad y promoción de la salud a nivel primario; en especial, por deficiencias en la gestión de los recursos, fragmentación e insuficiente coordinación entre las instituciones correspondientes.^(17,25)

Hubo ineficiencias y se malgastó el 4,7 % del PIB (mayor al 4,4 % promedio de LA) por debilidades en el sector público como consecuencia del excesivo pago de remuneraciones salariales, compras que no se planificaron bien y transferencias que se focalizan sin lograr el resultado pertinente.⁽²⁷⁾

El PIB es una medida del valor de la actividad económica y se calcula como el consumo + inversión + gasto del gobierno + (exportaciones menos importaciones) y de alguna manera, permitió visualizar el grado de bienestar poblacional.⁽²⁷⁾

Antes de 1950, CR crecía un 1,31 % anual, después de abolir el ejército, el crecimiento fue de un 2,44 % en promedio en los últimos 60 años.⁽²⁸⁾ En los años 70, el PIB real promedio fue de 6,3 %, a inicios de los 80´s con la crisis mundial bajo a -2,9 %.^(17,25) A finales de los años 80, el PIB fue de 4,5 % y en los 90´s de 5,5 %, en la década del 2000 mejoró a un 4,9 %, a excepción del 2009 (0,9 %), por otra crisis económica que contribuyó a aumentar el déficit público y la deuda. En los últimos años, el PIB continúa en cifras alrededor de un 4,5 %.⁽²²⁾

Dentro del gasto total en salud, se contempla la prestación de servicios de salud y este se desglosa en función del financiamiento, ya sea público (Gobierno, Seguridad Social), privado en prepago (seguros voluntarios) y gasto de bolsillo (directo, copago o por contribuciones).⁽²⁷⁾

De manera que, el crecimiento económico que se suscitó, permitió una inversión a través del gasto público en salud, hecho por el que CR destaca en la región de LA.⁽²⁹⁾ No obstante, con la crisis económica de los 80´s, se generó una crisis organizacional y financiera en el SNS, al que se le sumó la implementación parcial, por razones políticas de la reforma del sector salud (1993) y que se complementó con inequidades en la universalización geográfica de los servicios de salud.⁽³⁰⁾

De esta manera, el desarrollo social,⁽⁶⁾ se relaciona con el crecimiento económico debido a los aportes al sector salud a través del tiempo, en un porcentaje (tabla 1) que guardaron relación con las recomendaciones de la OMS (> 6 %). Interés sustentado desde la constitución donde se declara que la salud es un derecho pues se indica que El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país;⁽³¹⁾ de igual manera, en la Ley General de Salud, se considera que La salud de la población es un bien de interés público tutelado por el Estado.⁽³²⁾

Sin embargo, la crisis financiera del SNS,⁽³³⁾ que se incrementó en los últimos tiempos, la cual tiene relación con la falta de solvencia económica del Gobierno, ya que los ingresos por recaudación de impuestos o no tributarios, transferencias y contribuciones sociales, no son suficientes para cubrir los gastos; situación que se agravó con el incremento de la deuda interna y externa.⁽⁸⁾

La existencia de menos recursos disponibles deriva del hecho de que la mitad del presupuesto anual, se destina a pagar los intereses de las deudas con los bancos internacionales, a la poca capacidad para recaudar mayores ingresos y a una gran evasión fiscal; con todo esto, los gastos del Gobierno siguen en aumento.⁽⁶⁾

El aumento del gasto público social a partir del PIB (tabla 2), en consonancia con la política social, creció en cifras mayores al promedio de la región de AL,⁽²¹⁾ esto permitió mejoras en aspectos que se relacionan con salud, educación, vivienda, seguridad y asistencia social; asimismo, se favoreció el incremento de la clase media que pasó de 18,0 % (1992) al 40,0 % (2009).⁽⁶⁾

El ingreso per cápita en CR, se duplicó en términos reales en las últimas tres décadas y facilitó el acceso a los servicios de salud, educación y pensiones.⁽¹¹⁾ Aunque el gasto público que destinado a esos componentes, no siempre ocurrió en igual proporción, tal es el ejemplo en 2014, cuando se destinó 14 % a pensiones, un porcentaje casi el doble que el que se destinó a salud y educación.⁽²²⁾

El sector público, tiene una estructura administrativa (tabla 3) que incluye unas trescientas instituciones con actividad pública y privada, lo que dificulta el control y se aumenta el gasto.⁽²⁷⁾ Hay instituciones descentralizadas no empresariales, instituciones públicas financieras, empresas públicas no financieras y órganos desconcentrados;⁽²³⁾ aunque esos centros se relacionan y se afectan mutuamente, no guardan relación directa, más bien generan comportamientos adaptativos producto de sus interacciones que no son sinérgicas y duplican, esfuerzos y recursos.⁽³⁴⁾

El sector público (Fig.) se compone del financiero y el no financiero.

Dentro del sector público no financiero, se encuentra:

Como parte de sector público financiero, se incluyen: Instituciones públicas financieras bancarias, instituciones públicas financieras no bancarias, instituciones públicas financieras de rectoría y supervisión.

Esa composición particular del sector público, provoca que el Gobierno Central pierda el control del gasto público al disminuir la capacidad de seguimiento del presupuesto que se asignó a cada ente y a la imposibilidad de asegurar que el gasto se ajuste a los objetivos nacionales que se establecen.⁽¹⁵⁾

Se reconoce que en CR, las instituciones tienden a presupuestar con base en el patrón histórico,⁽¹¹⁾ donde un 34 % del presupuesto total, el Gobierno lo presenta ante la Asamblea Legislativa para la respectiva aprobación y control político; pero el 66 %, se aprueba de manera automática y solo hay control que tiene carácter legal por parte de la CGRCR.⁽²³⁾

Así, la CGRCR, clasificó las instituciones del sector público según el grado de avance de atención a las disposiciones y recomendaciones que se emitieron en los informes de auditoría (2016-2017) sobre aspectos de eficacia, eficiencia y gestión; de 173 instituciones que se evaluaron, una importante cantidad requieren mejoras en el aspecto de eficiencia.⁽²⁴⁾

También, dentro del sector salud⁽³³⁾ (tabla 4), se contemplan entes autónomos o semiautónomos que contribuyen en la complejidad de la gestión de los recursos y con una composición del gasto público de 80 % CCSS, 8 % ICAA, 6 % MINSA, 4 % INS y 2 % INISA.⁽²⁵⁾

Se indica que el sector público, tiende a ser menos eficiente y es una fuente que genera un aumento en el crecimiento de las deudas del gobierno y en la privatización de los servicios de salud, en modalidades que crecieron y se diversificaron. En ese mismo sentido y además de la medicina de empresa, medicina mixta y las cooperativas de salud; también se incluyen las compras de servicios de alta tecnología que deben ameritar una estricta regulación cuando se busca la eficiencia social.^(17,22)

Con la reforma del sector salud, se buscó aumentar la capacidad de la CCSS al rediseñarla organización y función del sector. Al MINSA, le corresponde la rectoría con financiamiento estatal con base en impuestos indirectos y la prestadora de servicios de salud es la CCSS, con un financiamiento tripartito entre el Estado (0,25 %), el patrono (9,25%) y los trabajadores (5,50 %).^(35-38)

El gasto social de los 90´s, permitió que la CCSS lograra la descentralización institucional y se fortaleció la administración hospitalaria, la cultura de evaluación y la participación ciudadana mediante las Juntas de Salud; que permitieron un avance hacia la SU, con excepción de los grupos con dificultades de acceso;⁽³⁵⁾ en el 2000, la cobertura universal en salud fue del 90 % y en el 2014, de un 95 %.⁽¹¹⁾

Con la descentralización de los servicios en salud, se mejoró la cobertura y la calidad de los servicios públicos al dotar de autonomía legal política, de responsabilidad y representatividad política y administrativa a los centros de salud que se financiaron tras la generación de recursos propios, transferencias del gobierno central o de una mezcla de ellas.⁽³⁹⁾

De las funciones básicas estatales (estabilidad macroeconómica, asignación de recursos y redistribución del ingreso), sólo se puede descentralizar la asignación de recursos a los gobiernos locales al considerar la eficiencia que se busca:

• Técnica relación insumos-productos.
• Asignación utilización de recursos.
• Escala de producción.
• Servicio oferta brindada versus satisfacción de las necesidades.^(27,39)

De acuerdo con la Ley, el Estado puede realizar gastos por transferencia de un 10% de los ingresos de la República a las municipalidades o gobiernos locales; dado que se pueden descentralizar algunas funciones del nivel central, excepto, salud y educación. No obstante, un estudio evidenció que existe una tendencia al centralismo en materia fiscal e institucional; y otro, encontró que se descentraliza donde hay mayor densidad poblacional.^(39,40)

La reforma en salud, no generó los resultados que se esperaban; de ahí que, un equipo consultor, recomendó acciones respecto a ingresos, gastos y la gestión en la CCSS; para mejorar la sostenibilidad financiera que muestra problemas desde el 2009, en especial, por el gasto creciente en el aumento del número de personal, las consecuentes remuneraciones e incrementos salariales y la menor capacidad de recaudación de ingresos.⁽⁴¹⁾

En un estudio, se valoraron las tendencias del gasto público social al considerar aspectos de educación, salud, protección social y empleo; se encontró que hace falta mayor rendición de cuentas, así como el diseño, implementación y ejecución de intervenciones más socialmente efectivas.⁽²³⁾ De ahí que, con base en otro estudio, se hace importante considerar que la utilización de los servicios de salud de consulta ambulatoria y urgencias en servicios públicos, se relacionan con el nivel de ingreso y la zona de residencia; mientras la hospitalización con el nivel educativo.⁽⁴²⁾

Aunque el porcentaje del gasto en salud respecto al PIB aumentó en el tiempo; ese gasto no se relaciona directamente con mejoras en los servicios, sino más bien es producto del incremento de los salarios del personal de salud, en especial del cuerpo médico. También, la percepción de la calidad de atención no es adecuada, como consecuencia en la demora para la atención.⁽¹¹⁾

El aumento en los gastos también aumenta el déficit fiscal y tanto, el déficit como la deuda pública muestran tendencia al alza, donde el gasto público es un disparador del déficit fiscal, principalmente, en lo que se refiere a los pluses salariales y a las transferencias corrientes que realiza el gobierno por mandato constitucional.^(11,12,43)

En un estudio, se evidenció que la carga tributaria, los impuestos de consumo en un menor grado que los aspectos que se relacionan con la renta y un estado con tendencia intervencionista o de alta inversión pública; disminuye la inversión privada.⁽⁴⁴⁾

El gasto de bolsillo, es un indicador de la protección financiera y niveles superiores al 20 % en gasto total en salud, se asocian con gastos catastróficos o empobrecedores que reflejan las dificultades para acceder a los servicios de salud⁽²⁷⁾ y muestra el grado de desigualdad e ineficiencia en la distribución de los riesgos en salud.⁽³⁸⁾

El sector privado juega un rol importante,⁽⁴⁵⁾ cerca del 32 % del gasto en salud ocurre en el sector privado⁽³³⁾y hay indicios de un sistema dual.⁽¹¹⁾ 80 % del gasto de bolsillo corresponde a las consultas médicas y medicamentos; este, como porcentaje del gasto total en salud aumentó: 18,7 % (2000), 23 % (2012) y 24,9 % (2014).^(11,33,45)

Tras el análisis de la participación del sector privado, se encontró que el MINSA ejerce una función rectora muy débil y hay ausencia de un sistema de regulación económico específico, para enfrentar las distorsiones inherentes a los mercados de los servicios de salud.⁽⁴⁵⁾ Otros autores citan que, los actores privados y públicos en el SNS, carecen de un enfoque estratégico que articule de forma adecuada su interrelación.⁽⁴⁶⁾ Así, se identificó una actividad médica público-privada que utiliza recursos públicos con afectación en los gastos en salud.⁽⁴⁷⁾

Un componente del gasto en salud, lo constituyen los medicamentos,⁽²⁷⁾ se reportaron ventas de medicamentos por USD200 millones, 38 % correspondió a la CCSS (40 % del mercado local y 60 % por importación) y el resto al sector privado, donde el precio final tiene una afectación por el 30 % del laboratorio productor, 23 % de las distribuidoras y 15-30 % por las farmacias detallistas.⁽⁴⁸⁾ El gasto per cápita en medicamentos también crece aceleradamente y la judicialización en la CCSS, juega un rol relevante.⁽⁴⁹⁾

Los tratados de libre comercio, podrían a futuro, aumentar entre un 17-31 % los precios de los medicamentos, lo que aumentaría de USD176-331 millones el gasto en la CCSS en este rubro, disminución las ventas de la industria local (7-31 %) con una menor participación en la CCSS, al pasar de 33 % en el 2010 a 25 % en el 2030.⁽⁵⁰⁾

DISCUSIÓN

Los resultados muestran como la SU, tiene una íntima relación con los componentes económicos del contexto costarricense, pues se invierten recursos que contribuyen a mejorar el bienestar de las personas y con esto se aumenta la producción y a la vez, esta contribuye con la economía; a una mejor economía, también se favorece el bienestar poblacional.

De lo anterior, también se evidencia que se requiere de la existencia de un conjunto de instituciones que necesariamente deben de trabajar en forma coordinada, para maximizar los esfuerzos y los recursos a través de una organización que considere la relación del sector público con la del sector privado, a partir de una gestión estratégica que se debe planificar a partir de datos confiables y comparables con base en el uso del Análisis Situacional Integral de Salud (ASIS), tanto en el ámbito nacional, como en el provincial, cantonal y comunitario; con el que se pueden identificar los problemas y las necesidades de las personas en un contexto determinado y de esta manera, se puede establecer la debida priorización de la atención en salud.

Esto significa que la salud, debe ser el eje primordial de la sociedad costarricense y que hay que lograr consenso y voluntad política, así como del trabajo intersectorial e intrasectorial para lograr bienestar general, con una adecuada rendición de cuentas, regulación y control; para lo cual también hay que considerar una cultura de educación económica de eficiencia en el uso de los recursos, pero con base en la evidencia científica; para que los presupuestos correspondan con la demanda de la realidad de la población.

Es por esto que en CR, el primer nivel de atención a la salud amerita de un fortalecimiento y de igual manera, esto debe ir de la mano con una racionalización del gasto de los recursos mediante la monitorización y la evaluación de todos los procesos, para que con esto, se puedan orientar todos los esfuerzos hacia la salud más que a la enfermedad, de modo que los recursos que se invierten sean de manera eficiente y equitativa, en correspondencia con las metas que se tienen establecidas.

Se demuestra como en CR, se realiza al sector salud un aporte mayor del 6% del PIB, pero esto siempre debe reflejarse y quedar pasmado en resultados que mejoren el bienestar en igualdad de condiciones, por lo que se demanda de un rol preponderante del MINSA en todos sus extremos y del control adecuado del gasto en el sector público, para que se mejore la calidad de los servicios de salud y se minimice el impacto en el gasto de bolsillo.

Así, el binomio, acceso y cobertura a los servicios de salud, los cuales se traducen en SU y los componentes económicos en CR, tienen una relación de larga data mediante una inversión social hasta estos tiempos, para alcanzar importantes avances en la cobertura universal, gracias a los aportes que se destinan para ese fin.

Sin embargo, en los últimos años, el gasto público en salud no se refleja en igual grado, en la mejora de la calidad de los servicios de atención de la salud y, por el contrario, existe un deterioro que se evidencia por listas de espera de la atención médica en el sector público y que en parte motiva, el aumento del gasto directo de bolsillo cuando las personas optan por servicios de atención rápida en el sector privado.

Aunque a la fecha, el acceso a los medicamentos es adecuado, no obstante, se vislumbran retos a futuro; en especial, por al efecto negativo que pueden generar los altos precios de los medicamentos como consecuencia de los tratados de libre comercio y a la incapacidad estatal para mejorar las finanzas públicas y lograr un uso eficiente de los recursos, en especial, en el sector salud; lo que impone desafíos a corto plazo en pro de la mejora del colectivo.

La inversión social, en un porcentaje adecuado del producto interno bruto, se constituye en un vehículo hacia la salud universal, esto a pesar del aumento en el gasto del sector público sin resultados con calidad y de un gasto de bolsillo con características catastróficas; lo que podría limitar el acceso a los medicamentos en el futuro. La incapacidad estatal en mejorar las finanzas públicas, evidencia la falta de eficiencia en el manejo de los recursos públicos que tiende a imponer retos a corto plazo.

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Conflicto de intereses

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

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